La situación actual de la prostitución en España resulta incongruente: Nos encontramos ante una actividad que no posee ningún tipo de reconocimiento legal ni de derechos, pero se contabiliza a la hora de calcular el PIB nacional como cualquier otro sector. A su vez, los y las trabajadoras sexuales somos perseguidas y acosadas a través de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza (Ley Orgánica de protección de Seguridad Ciudadana). Somos un colectivo atravesado por todo tipo de discriminaciones e injusticias y, sin embargo, se nos ha mantenido al margen de toda consideración, participación y análisis. Sobre las putas se mantienen diversas atribuciones peyorativas y desvalorizantes que hasta hace poco se extendían a todas las mujeres. En ámbitos en los que las mujeres como grupo han batallado durante años para la consecución de los derechos, las putas continúan siendo discriminadas*1. Aún siendo el nuevo sujeto político de este país, ningún partido aborda en profundidad la cuestión del trabajo sexual en sus programas electorales ni de gobierno, ningún partido ha escuchado y tenido en cuenta nuestras reivindicaciones y necesidades. Deciden su posicionamiento sin contar con nosotras. Algunos pretenden una abolición y/o prohibición imposible que nos estigmatiza aún más, criminaliza nuestro entorno de trabajo y nos condena a la precariedad. Otros evitan posicionarse y hay quien pretende instrumentalizarnos. Todos estos posicionamientos tienen como resultado más beneficios para los empresarios mientras se nos siguen negando derechos básicos como trabajadoras.
Las trabajadoras sexuales, existimos, tenemos voz y demandamos derechos. NO estamos de acuerdo con el Modelo Regulacionista cuyos fines exclusivamente recaudatorios y de contención social, derivados de concepciones sexófobas, racistas y machistas perpetúan la discriminación y el estigma. Ejemplos de ello son el modelo Alemán u Holandés. Ciertos sectores del feminismo institucional y salvacionista identifican nuestras demandas con dichos modelos, con el objetivo de silenciarnos y mantener puestos y subvenciones a nuestra costa. Este tipo de regulación prima el “apartarnos” a lugares controlados, que gestionan empresarios que explotan a las trabajadoras, sobretodo a las migrantes en situación irregular. Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos. A pesar del estigma, del abandono y de las políticas bienpensantes que nos violentan, tenemos capacidad de decisión y agencia, y somos las protagonistas de nuestras vidas. Reclamamos la despenalización completa del trabajo sexual, lo cual supone el acceso inmediato a los derechos fundamentales, y la derogación de todas las leyes y normativas que nos criminalizan. Exigimos que las políticas que se implementen sobre la prostitución se diseñen con nuestra participación y desde una perspectiva de derechos humanos y de reducción del daño. Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes puntos, que consideramos mínimos e imprescindibles, y que nos parecen debieran ser de consenso si realmente interesan nuestras vidas y nuestra dignidad.
El reconocimiento de derechos pasa necesariamente por la distinción entre prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
En un contexto político marcado por la utilización del debate de la prostitución dentro del feminismo, así como la utilización con fines electorales de asesinatos y casos de víctimas de trata, violencia de género y/o institucional, se tiende a eliminar la distinción entre prostitución y trata con el objetivo de silenciar e impedir la participación de aquellas personas que hemos decidido ejercer este trabajo. Incluso se ha llegado a difamar y comprometer la seguridad e intimidad de algunas de nosotras. Esta tergiversación forma parte del discurso que provoca un doble efecto negativo sobre las mujeres. Por un lado, no se llega a combatir la trata de manera real y no se protege a las víctimas de la misma. Por el otro, se criminaliza y se vulneran los derechos de quienes, independientemente de lo que nos haya llevado a ello, decidimos dedicarnos a la prostitución.
Es por ello que exigimos que cualquier intervención vaya acompañada de un marco legal que no confunda trata y prostitución y que sea capaz de dar respuestas reales a las diferentes situaciones de las personas que ejercen el trabajo sexual . Dentro de este marco legal entendemos que deben existir medidas específicas sobre prostitución y medidas específicas para combatir la trata. Las administraciones públicas necesariamente deben tener en cuenta la diferencia a la hora de intervenir, ya que las respuestas a cada situación no son en absoluto las mismas.
Medidas sobre trabajo sexual
– Alternativas laborales reales y no precarizadas ni feminizadas para las mujeres que quieren abandonar la prostitución. El acceso a las mismas no debe implicar el visibilizarse como prostituta, a fin de evitar los efectos del estigma a nivel laboral, social y personal.
– Necesitamos cursos de formación becados y de calidad, que permitan un progreso social y económico y que no condenen a las mujeres a empleos precarios, feminizados, donde van a ser explotadas y empobrecidas. Proponemos rescatar el perfil de Mediadora Social y de Salud que durante un tiempo se implementó en Andalucía, donde las ex prostitutas realizaban la intervención social en los contextos de trabajo de sus compañeras, y que posteriormente fue tomada por organizaciones institucionales de corte abolicionista.
– Garantizar el efectivo empadronamiento y el acceso al sistema de salud de las migrantes, porque este es un derecho universal, al margen de que su situación administrativa esté o no regularizada. Establecer mecanismos que posibiliten el efectivo empadronamiento de las personas migrantes trabajadoras sexuales que residen en nuestro país. Garantizar el acceso al sistema sanitario público de todas las personas migrantes, independientemente a su situación administrativa, en todo el estado español y con todas las garantías y derechos.
– Cese de las ordenanzas municipales que multan a prostitutas y/o clientes, y de la Ley Mordaza. Ésta suele implementarse para multar allí donde no hay ordenanza municipal. Estas prácticas criminalizan y empobrecen más a las mujeres y las condena a mayor vulnerabilidad (como ya lo ha demostrado en su reciente investigación el Grupo Antígona de la UAB*2) al tener que ir a lugares más aislados, con menos tiempo y capacidad de negociación, para evitar las multas. La criminalización y la precariedad a la que nos aboca, además, contribuye a que terminemos trabajando para terceros, ya sea en clubes o pisos, donde la explotación económica y laboral es mayor por carecer de derechos frente a los empresarios. En dicho orden, exigimos que se anulen todas las multas a trabajadoras sexuales no pagadas hasta hoy como acto de reparación.
– Sentar bases y criterios para que el debate sobre prostitución se produzca realmente, podamos escucharnos y llegar a acuerdos. Para ello, resulta necesario que se tengan en cuenta y respeten todas las voces y es imprescindible la participación activa de las prostitutas.
– Acceso a los servicios sociales: Las mujeres que ejercen la prostitución, especialmente si son madres, se enfrentan a una institución que, si no se asumen como víctimas dispuestas a ser salvadas, las estigmatiza, criminaliza y les quita la custodia de sus hijes. Necesitamos poder acceder a los servicios sociales y sus recursos de forma segura, en pie de igualdad al resto de las personas con algún tipo de vulnerabilidad social. Necesitamos que las y los trabajadores de los servicios sociales sean sensibles frente al estigma que sufrimos, no que nos juzguen en base a una determinada moral *3.
– Derechos y protecciones laborales para las personas que han escogido ejercer la prostitución. Carecer de derechos laborales dificulta, y a veces incluso impide, el acceso a derechos civiles y sociales, abocándonos a una situación de indefensión social y jurídica. Como ha demostrado la experiencia neozelandesa en sus ulteriores revisiones por entidades de derechos humanos, academia y magistratura, esta es la única vía para reducir la vulnerabilidad de nuestro colectivo y aumentar nuestra autonomía en el trabajo *4.
– Trabajo a terceros: En espacios de trabajo a terceros, la ausencia de cualquier tipo de derecho se traduce en un poder ilimitado por parte del empresariado, con los consecuentes abusos que eso acarrea. Muchas prostitutas no tienen la posibilidad de trabajar de manera autónoma por diversas razones, ya sea por su situación irregular u otros motivos personales y/o de preferencia. Necesitamos medidas que nos permitan organizarnos en espacios autogestionados y derechos para protegernos de los abusos del sector patronal y empresarial en todas sus modalidades.
– El Trabajo Sexual (TS) es diverso al igual que las personas que se dedican a ello, y no solamente comprende un tipo determinado de prostitución: TS callejero , TS online/telefónico, TS independiente, TS a terceros, TS indoor, TS outdoor, y TS audiovisual, así como el TS masculino. Necesitamos medidas específicas para cada sector, pactadas y negociadas con sus agentes protagonistas, según sus necesidades y demandas.
Medidas contra la trata
El situarnos en un marco legal que establezca de manera clara y real la distinción entre trata y prostitución permitirá articular medidas concretas contra este gravísimo delito. También es necesario distinguir trata de las redes de tráfico de personas. Éstas últimas se aprovechan de las políticas de fronteras de la Europa fortaleza para lucrarse a costa de las personas migrantes. Ni todas las mujeres extranjeras vienen a través de una red de tráfico ni todas las que vienen a través de una red de tráfico han sido tratadas, sino que deciden dentro de las escasas opciones laborales que les quedan, prefiriendo gastar sus ahorros para venir a Europa a ejercer la prostitución que quedarse en sus países a merced de la violencia, el hambre o la guerra.
Es urgente y necesario cambiar el enfoque que se da a la trata. Es decir, la trata debería dejar de ser un instrumento de control migratorio para, en cambio, darle prioridad a los derechos humanos de las víctimas. Con ello, apostamos por que la víctima pueda acceder a derechos y a una protección independientemente de si denuncia o no al tratante. Además de esto, son necesarias otras actuaciones como:
– Que se tengan en cuenta todas las modalidades de trata que existen. De acuerdo con el último informe del Consejo de Europa, España vulnera sistemáticamente los derechos de las víctimas de trata laboral, que no se detectan, encontrándose infra representada. Los datos que proporcionó el Gobierno para este mismo Informe muestran que la trata laboral en España tiene las mismas proporciones que la trata con fines de prostitución forzada.
– Cese de las redadas dirigidas a las migrantes en situación irregular que ejercen la prostitución. Son la mayoría y (a pesar de que para ciertos sectores feministas prohibicionistas todas son tratadas) se les aplica la ley de extranjería, sufriendo continuamente controles llevados a cabo por motivos de discriminación racial y de país de origen. Como la prostitución no tiene estatus legal, no pueden cumplir con las restricciones que impone la ley y, por lo tanto, se ven obligadas a permanecer en un círculo de clandestinidad del que no pueden salir, ni tampoco acceder a otros trabajos si así lo desearan. Si cabe la posibilidad de que sean víctimas de trata: ¿por qué son expulsadas en lugar de ser protegidas?
– Cese de deportaciones y órdenes de expulsión: apoyo real sin límite de tiempo con garantías sociales y jurídicas para que las víctimas puedan denunciar. Actualmente tienen 90 días para reflexionar, sin ningún tipo de atención. Si no denuncian (lo cual es muy probable debido al miedo y las amenazas de los tratantes a sus familias) son trasladadas a los CIEs.
– Garantizar el asilo político a las víctimas de trata: en los 10 últimos años sólo se han concedido 25 asilos para las víctimas de trata de todos los sectores (agricultura, servicio doméstico, textil, explotación sexual).
– Que se garantice la indemnización a las víctimas por parte del Estado. En la mayoría de los sistemas legales, incluido el español, se reconoce el derecho de las víctimas a reclamar ante la justicia una compensación por los daños materiales y morales sufridos. Sin embargo, en la práctica, persisten muchos obstáculos para que lleguen a obtener una reparación efectiva. En el caso de las víctimas de trata de personas las posibilidades reales de que lleguen a obtener una indemnización es muy baja *5.
– Cierre inmediato de los CIEs: El funcionamiento del sistema carcelario de los CIES incide de manera diferente entre mujeres y hombres. Las mujeres son también usadas como mano de obra en estos centros de internamiento y pueden permanecer arrestadas durante un tiempo ilimitado si las necesidades de mantenimiento de estos centros así lo requieren.
– Modificación de la actual Ley de Extranjería. Esta ley es responsable de las situaciones de abuso que viven las prostitutas migrantes de países extracomunitarios. Es necesario tener en cuenta que una política migratoria restrictiva como la que tenemos favorece la proliferación y el recrudecimiento de las redes de trata y sus métodos. Las dificultades de acceso a una regularización documental por parte de las personas migrantes en España, también afecta a las trabajadoras sexuales migrantes limitando sus opciones y poniendo obstáculos a sus proyectos migratorios.
Nuestras demandas no perjudican a nadie, no hay que elegir entre nuestros intereses y los de otro sector de la sociedad. Nos situamos de lleno en el feminismo, un feminismo que tiene en cuenta los diferentes ejes de opresión de las mujeres reales, y por tanto se ocupa también de fronteras y de horarios y de bajas por enfermedad. Consideramos que son compatibles con cualquier posición sobre lo que debería ocurrir con la prostitución en la sociedad futura a la que cada una aspiramos, son demandas para poner en marcha ahora mismo, en la sociedad y realidades que vivimos en el presente. El debate no consiste en decidir entre prostitución sí o no, la realidad es: trabajo sexual con derechos y protección, o trabajo sexual clandestino , con todas las consecuencias que eso conlleva.
*1 Palabras de Dolores Juliano
*2 “Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de la prostitución en España” http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/26785
*3 Linda Porn “El hombre del saco”: https://www.pikaramagazine.com/2019/03/el-hombre-del-saco/
*4 United Nations Office on Drugs and Crime: “Global Report on Trafficking in Persons 2018” https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
*5 Informe “Valoración del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos. Análisis de Casos Reales y Recomendaciones”, Proyecto ESPERANZA: http://www.proyectoesperanza.org/materiales/Informe_Nuevo_Marco_Juridico_Documento.pdf
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COLECTIVOS FIRMANTES:
AFEMTRAS – Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales
APROSEX – Asociación de Profesionales del Sexo
Colectivo Caye
CPS – Colectivo de Prostitutas de Sevilla
IAC-FAA Secció Sindical Treballadores Sexuals
Putas Libertarias del Raval
Sindicato OTRAS
ADHESIONES DE COLECTIVOS
Acciónenred Andalucía
Acciónenred Castilla La Mancha
Acciónenred Madrid
Andaina, revista galega de pensamento feminista
APDHA – Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía
Asamblea de mujeres de Granada «Mariana Pineda»
Asamblea Transmaricabollo de Sol, Madrid
Asociación Genera
Aasociación Draga Espacio Feminista-LGTBIQ* (Canarias)
Bloque Andaluz de Revolución Sexual
Bloque Crítico del Orgullo – Sevilla
CAMPA (Colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón)
Coordinadora Anti Represión Región de Murcia
Colectivo #NuncaSinNosotras Zaragoza
Colectivo 12N Sin Racismo, Zaragoza
CATS – Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo
C.S.O.A.F. La Revo (Centro Social Okupado Autogestionado Feminista)
Febrero Feminista, Zaragoza
Fundación de Los Comunes
Instituto para la Democracia y el Municipalismo (Madrid)
L’Etnogràfica. Antropología per a la transformació social, Barcelona
Mujeres Progresistas por la Diversidad en Granada
MUJOMUR – Mujeres Jóvenes de la Región de Murcia: 8 de marzo
Nociones Comunes Zaragoza
(N)O.M.A.D.A.S – Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo Sexual, Valencia
Red Maricones del Sur
Kódigo Malva
Synusia Librería Asociativa – Terrassa, Barcelona
ADHESIONES INDIVIDUALES
Adelaida Artigado (Escritora)
Adelina Escandell Grases
Alcira Padin Torres | cooperativista de Synusia Llibreria e integrante del Ateneu Candela.
Alicia López Hernando, parada
Alicia Valdés, Politóloga feminista e investigadora y técnica en género, doctoranda en humanidades
Ana María Sinópoli, Licenciada en Derecho, Abogada, Doctoranda
Ana Llopis Valdivia
Ana Sánchez Llorca, librera, investigadora independiente, activista feminista, Madrid
Ana Varela Mateos, Inspectora de Trabajo y Seguridad Social
Àngels Varó Peral, profesora de filosofía en secundaria
Antonia Maciá Vicente, auxiliar de enfermería, celadora jubilada. Activista, feminista.
Antonio Giménez Merino — Profesor de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona UAB
Ariadna Cases
Bertha Massiel Sánchez – Feminista
Cristina Cuenca Piqueras. Profesora de sociología de la Universidad de Almería.
Cristina Enríquez – Salamanca
Cristina Padilla Capel, trabajadora social en el Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía.
Clara Navarro Ruiz, doctoranda en Filosofía
Elena Núñez Castaño, Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Sevilla
Elena Pilcher Pérez – Zaragoza
Esther Moreno López – Zaragoza
Estefanía Acién González, profesora de Antropología Social de la Universidad de Almería
Eva Sáenz Royo, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Zaragoza
Francisco Majuelos Martínez, Antropólogo (Almería)
Gloria Marín. Enseñante jubilada. Activista.
Inma Pnitas, Ilustradora
Iris Meza, trabajadora Sexual
Johannes Mahn / amo de casa
Josefina Jiménez Betancor, feminista del Programa Por los buenos tratos de Acciónenred Granada.
Josu Sein. Artista, historiador y teórico de arte, y trabajador sexual queer.
Kenia García – Trabajadora Sexual
Llum Quiñonero
Laura Berro Yoldi Pamplona-Iruña
María Acale Sánchez, Profesora de Derecho Penal
Maria Barcons Campmajó, Investigadora Grupo Antígona UAB
Maria Cardona, Librera y miembro del colectivo feminista anticapitalista «Rudes Rebels»
María Luisa Maqueda
María Nebot, profesora de filosofía, activista feminista
Mario Blázquez Diez, coordinador de los programas de asistencia de COGAM, Colectivo LGTB de Madrid
Marisa Pérez Colina, Fundación de los Comunes
Marta Jiménez Jaén, profesora titular de Sociología de la Universidad de La Laguna, Tenerife
M. Dolores Machado Ruiz
M. Teresa Márquez González, Abogada – Castilla La Mancha
Montserrat Galceran Huguet
Nanina Santos Castroviejo de la revista Andaina, Galicia
Nieves Gutierrez Ganza
Noelia Bribian Giner, Colectivo Febrero Feminista
Noemi Parra Abaúnza, Sexóloga Feminista
Nuria Alabao, periodista.
Nuria Ayerra Duesca, Doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza
Paola Quevedo. Aministradora programas universitarios.
Patricia Laurenzo Copello, Catedrática de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga
Paula Sánchez Perera
Paz Lloria García, Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad de Valencia
Pilar Habas Luque. Psicóloga y sexóloga
Rocío Medina, Profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona
Sadie Killer, Trabajadora sexual
Sara Guilló Sáez, psicóloga social y sanitaria, activista feminista y pro-Derechos Humanos, experta en coeducación y prevención de bullying sexista y LGTBfóbico
Tina Caballero Mateo, Feminista (Cáceres)
Rommy Arce Legua (Miembro de Anticapitalistas. Concejala del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid).
Viviana Sánchez Hidalgo
AliadasTransFeministas 
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